El 15 de Julio de 2014
el Consejo de la OCDE adoptó formalmente el documento de Recomendaciones para
el desarrollo de Estrategias de Gobierno Digital, con el objetivo de conseguir
acercar a los gobiernos a sus ciudadanos y empresas. El documento fue
desarrollado por el Grupo de Administración Electrónica de la OCDE, dependiente
del Comité de Gobernanza Pública.
El documento contiene las siguientes 12 recomendaciones a tener en cuenta por
los países en el desarrollo de sus Estrategias de Gobierno Digital:
1. Incluir una mayor transparencia, apertura e inclusión
de los procesos y operaciones del gobierno.
2. Impulsar el compromiso y la participación de
colaboradores públicos, privados y el conjunto de la sociedad civil en el
desarrollo de políticas y en el diseño y provisión de servicios públicos.
3. Arraigar en el sector público una cultura basada en
los datos.
4. Establecer un marco de gestión de riesgos para
garantizar la seguridad digital y la preservación de la privacidad, así como
adoptar medidas de seguridad efectivas.
5. Atraer el apoyo y compromiso político para el
desarrollo de las Estrategias de Gobierno Digital
6. Asegurar el uso coherente de tecnologías digitales en
las distintas áreas políticas y en los diferentes niveles de gobierno.
7. Establecer marcos efectivos de organización y
gobernanza para coordinar la implementación de las Estrategias de Gobierno
Digital en los distintos niveles de Gobierno
8. Fortalecer la cooperación internacional con otros
gobiernos
9. Disponer de modelos de negocio claros que garanticen
la sostenibilidad de las inversiones en la implementación de la Estrategia de
Gobierno Digital
10.Reforzar las capacidades institucionales para
gestionar y monitorizar de manera sistemática la implementación de los
proyectos a abordar
11.Contratar tecnología de manera innovadora, adecuada al
nuevo uso que se hace de ella.
12.Garantizar que los marcos de regulación, tanto
aplicables a políticas sectoriales, como los transversales, tienen en cuenta
las nuevas oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales.
El texto original está aquí: Versión original
El autor ha realizado una traducción -no oficial-, la cual presento a continuación:
Este
documento presenta la Recomendación sobre Estrategias de Gobierno Digital para
que los gobiernos se acerquen a ciudadanos y empresas. Fue desarrollado por el
Comité de Gobernanza Pública (PGC).
La
integración constante de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de
personas, empresas y gobiernos (p. ej., computación en la nube, redes sociales,
tecnología móvil) está ayudando al gobierno abierto y dando lugar a nuevas
formas de participación y relaciones públicas que trascienden las esferas
pública, privada y social.
Este nuevo
entorno digital ofrece oportunidades para relaciones más colaborativas y
participativas que permiten a las partes interesadas relevantes (es decir,
ciudadanos, empresas y organizaciones no gubernamentales) a dar forma
activamente a prioridades políticas, colaborar en el diseño de servicios
públicos y participar en su prestación para proveer soluciones más coherentes e
integrales a retos complejos.
La
participación y producción de servicios habilitada por la digitalización está
cambiando las expectativas de las personas sobre sus relaciones con los
gobiernos. Como resultado, se necesitan nuevos enfoques de gobernanza pública para
dar soporte al cambio de gobiernos que anticipan las necesidades de ciudadanos
y empresas (enfoques centrados en el ciudadano) a ciudadanos y empresas que
determinan sus propias necesidades y las abordan en alianza con los gobiernos
(enfoques impulsados por los ciudadanos).
La difusión y
adopción de tecnologías también está cambiando las expectativas sobre la
capacidad de los gobiernos para crear valor público. Los gobiernos ya no pueden
permitirse separar la eficiencia de otros objetivos de política social en la
dirección y gestión de tecnologías digitales. La crisis económica y financiera
está demostrando que la mejora en la prestación de servicios y la eficiencia
del sector público interno van de la mano con el crecimiento económico, equidad
social y los objetivos de buen gobierno, tales como mayor transparencia,
integridad y participación ciudadana.
Este nuevo
contexto de gobernanza digital y la multiplicación de opciones tecnológicas
plantean desafíos y riesgos para los cuales los gobiernos deben prepararse. Las
nuevas posibilidades y las cambiantes expectativas sociales que surgen de
ellas, exigen que los gobiernos reexaminen sus enfoques y estrategias de
gobierno. No hacerlo puede significar una pérdida acelerada de la confianza en
el gobierno y una percepción de que está desconectado de las tendencias
sociales y tecnológicas. Pero, ¿están los gobiernos realmente preparados para
usar la tecnología digital para trabajar más estrechamente con los ciudadanos y
las empresas, particularmente en un contexto de constantes restricciones
presupuestarias?
El reto no es
introducir tecnologías digitales en las administraciones públicas sino integrar
su uso en los esfuerzos de modernización del sector público. Las capacidades
del sector público, los flujos de trabajo, los procesos de negocios, las
operaciones, las metodologías y marcos de trabajo deben adaptarse a las
dinámicas y las relaciones que están evolucionando rápidamente entre los
involucrados que ya están habilitados - y en muchos casos ya empoderados - por
el entorno digital.
Para
establecer enfoques más abiertos para formular políticas y proveer servicios
públicos se requiere que los gobiernos se reorganicen según las expectativas,
necesidades y requisitos asociados de los usuarios, en lugar de su propia
lógica y necesidades internas. Con esta finalidad, las estrategias de gobierno
digital deben integrarse firmemente en las políticas de modernización y diseño
de servicios de tal manera que se incluyan los stakeholders relevantes de fuera
del gobierno y se sientan responsables de los resultados finales de las
reformas políticas importantes.
Este cambio
de usar tecnología para dar forma a los resultados de la gobernanza pública - y
no simplemente para apoyar los procesos gubernamentales - requiere una planificación
coordinada y estratégica de las políticas para el uso de tecnologías digitales
en todos los sectores y niveles de la administración pública. Sin embargo, los
gobiernos siguen organizados en torno a unidades, cada una con
responsabilidades y procesos definidos, así como problemas para integrar sus
modos de trabajar. Es un gran desafío el crear un amplio compromiso político y
la apropiación de la integración del gobierno digital en las estrategias
generales de reforma del sector público. Los gobiernos necesitan garantizar que
sus propias capacidades, normativas, estructuras y modelos de gestión de
riesgos estén alineados con su visión estratégica del gobierno digital y
viceversa. Es imperativo que los gobiernos también comprendan el nivel de
madurez organizativa del sector público en relación con los métodos y enfoques
de gestión de proyectos, y que sean capaces de alcanzar niveles adecuados de
madurez en relación con sus necesidades y objetivos, para optimizar el impacto
y los resultados de las inversiones en tecnología digital de gobierno.
El propósito
de la Recomendación es ayudar a los gobiernos a adoptar enfoques más
estratégicos para un uso de la tecnología que estimule gobiernos más abiertos,
participativos e innovadores. Los actores clave responsables de la
modernización del sector público en todos los niveles de gobierno (unidades de
coordinación, ministerios y organismos públicos) encontrarán que Recomendación
es relevante para establecer mecanismos de coordinación más efectivos, mejores
capacidades y condiciones marco que mejoren la efectividad de las tecnologías
digitales en la creación de valor público y fortalecer la confianza ciudadana.
Si bien el
nivel de confianza obtenido en cada país depende en gran medida de su historia
y cultura, la Recomendación puede ayudar a los gobiernos a usar la tecnología
para una mayor agilidad y resiliencia y para fomentar instituciones públicas
con visión de futuro. Esto puede aumentar la confianza pública mediante un
mejor desempeño y servicios y políticas con mejor capacidad de respuesta, y
puede movilizar el apoyo público para políticas gubernamentales ambiciosas e
innovadoras.
En este
sentido, los principios establecidos en la Recomendación respaldan un cambio en
la cultura dentro del sector público: desde el uso de la tecnología para dar
soporte a mejores operaciones del sector público hasta la integración de
decisiones estratégicas sobre tecnologías digitales en la conformación de
estrategias globales y agendas para la reforma y modernización del sector
público. De esta manera la Recomendación ofrece orientación para una
comprensión y pensamiento compartidos sobre cómo prepararse y aprovechar al
máximo el cambio tecnológico y las oportunidades digitales en una perspectiva
de largo plazo para crear valor público y mitigar los riesgos relacionados con:
calidad de la prestación de servicios públicos, eficiencia del sector público,
inclusión y participación social, confianza pública y gobernanza multinivel y
multi-actor.
Desde el año
2000, el PGC ha desarrollado una amplia base de evidencia sobre gobierno
digital en forma de datos, trabajo analítico y revisiones de países que
muestran que los gobiernos están buscando formas de alinear las oportunidades
tecnológicas con la demanda pública de un mejor desempeño y una mayor apertura,
y para fortalecer los vínculos entre el gobierno digital y las agendas de
reforma más amplias. Pero el trabajo de PGC también destaca que muchos
gobiernos aún siguen una lógica de poner en internet los procesos y productos
existentes y enfrentan desafíos relacionados con el mantenimiento de los
sistemas tecnológicos establecidos durante las primeras oleadas de
digitalización de la información y los servicios públicos. Además, muchos
gobiernos no tienen la capacidad de monitorear los costos y beneficios de las
nuevas tecnologías y tendencias (por ejemplo, el impacto del uso de las redes
sociales y los datos abiertos sobre el creciente nivel y calidad de la
participación pública) y de adaptarse al contexto digital que cambia
rápidamente. Además, muchos también sienten la falta de apoyo político real
para el uso de oportunidades digitales como un elemento integrado de las
agendas globales de reforma del sector público.
Las fallas de
los gobiernos en hacer la transición al nuevo entorno digital pueden tener
consecuencias importantes, incluyendo pobre calidad de servicios, bajo
rendimiento del gasto, brechas de privacidad y seguridad, así como la pérdida
de la confianza de los ciudadanos. Por este motivo, las estrategias para un
gobierno digital eficaz deben reflejar las expectativas públicas en términos de
valor económico y social, apertura, innovación, servicios personalizados y
diálogo con ciudadanos y empresas. En el Comunicado de la Reunión del PGC a
nivel ministerial celebrada en Venecia en noviembre de 2010, los Ministros
reconocieron la importancia de la tecnología como un aliado clave para fomentar
la innovación en la gobernanza, gestión pública y prestación de servicios
públicos, así como construir apertura, integridad y transparencia a fin de
mantener la confianza [GOV/PGC/MIN(2010)4/FINAL]. La confianza en el gobierno
es uno de los activos nacionales más preciados. También fue uno de los temas
principales de la Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE de 2013, en la que
los Ministros acogieron con satisfacción la Agenda sobre “Confianza en el
gobierno: evidencia, políticas y toma de decisiones” [C/MIN(2013)4/FINAL, Anexo
III] .
La
Recomendación se ha desarrollado a través de la Red de la OCDE sobre Gobierno
Electrónico (la Red) de la PGC. En la reunión de la Red celebrada en México del
26 al 27 de marzo de 2012, los delegados subrayaron la necesidad de un
instrumento de política sobre el gobierno digital [GOV/PGC/EGOV(2012)2].
Un Grupo de
trabajo compuesto por 13 países miembros de la OCDE colaboró con la Secretaría
en un borrador de principios que fue discutido por la Red en su reunión en
Berna (Suiza) del 29 al 30 de octubre de 2013 [GOV/ PGC/EGOV(2013)1] . Los
principios incorporados en la Recomendación también se beneficiaron de la
consulta pública entre noviembre de 2013 y enero de 2014, y de la consulta
realizada internamente dentro de la OCDE. Se consultó a la Comisión de Política
de Economía Digital (CDEP) mediante un procedimiento escrito (4-23 de abril de
2014) y se proporcionaron comentarios útiles.
La
Recomendación es el primer instrumento legal internacional sobre gobierno
digital. Complementa y proporciona un contexto específico para la aplicación de
otras Recomendaciones de la OCDE que contienen orientación y herramientas de
política en varias áreas de política relacionadas. Ofrece un enfoque de
gobierno integrado (“whole of government”) que aborda el papel transversal de
la tecnología en el diseño e implementación de políticas públicas y en la
entrega de resultados. Destaca la contribución crucial de la tecnología como
motor estratégico para crear sectores públicos abiertos, innovadores,
participativos y confiables, para mejorar la inclusión social y la rendición de
cuentas del gobierno y para reunir a actores gubernamentales y no
gubernamentales en la contribución al desarrollo nacional y crecimiento
sostenible a largo plazo.
La
Recomendación es aplicable a todos los niveles de gobierno (nacional, regional
y local) y aborda las dimensiones que son relevantes para otros stakeholders de
estrategias de gobierno digital. Tiene como objetivo ser aplicable a todos los
Miembros y proporcionar pautas útiles para los no miembros adherentes que
buscan abordar los desafíos e identificar buenas prácticas relacionadas con el
desarrollo e implementación de estrategias de gobierno digital. Ofrece una
valiosa orientación para los países, independientemente de su nivel de madurez
de gobierno digital, marco institucional y grado de descentralización.
Finalmente,
el uso de la tecnología para reunir a los stakeholders de todos los niveles de
gobierno, y también de fuera del gobierno, para conseguir mejores resultados y
resultados de políticas, requiere el desarrollo de capacidades individuales y
colectivas para fortalecer el impacto del gobierno digital. El PGC alentó el
desarrollo de un kit de herramientas de implementación con orientación
detallada sobre los principios incorporados en la Recomendación una vez que el
Consejo la haya adoptado. Este kit de herramientas, propondría indicadores y buenas
prácticas para cada principio, ilustrado con ejemplos de todos los niveles de
gobierno.
La
recomendación fue adoptada por el Consejo de la OCDE el 15 de julio de 2014
[C(2014)88].
RECOMENDACIÓN
DEL CONSEJO SOBRE ESTRATEGIAS DE GOBIERNO DIGITAL
EL CONSEJO,
TENIENDO EN
CUENTA el Artículo 5 b) de la Convención de Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos del 14 de diciembre de 1960;
VISTA la
Recomendación del Consejo relativa a las Directrices que rigen la protección de
la privacidad y los flujos transfronterizos de datos personales [C(80)58/FINAL,
modificada]; la Recomendación del Consejo sobre la mejora de la calidad de la
regulación gubernamental [C(95)21/FINAL]; la Recomendación del Consejo sobre la
mejora de la conducta ética en el servicio público, incluidos los principios
para la gestión de la ética en el servicio público [C(98)70/FINAL]; la
Recomendación del Consejo sobre directrices para la seguridad de los sistemas
de información y redes: hacia una cultura de la seguridad [C(2002)131/FINAL];
la Recomendación del Consejo sobre autenticación electrónica [C(2008)36]; la
Recomendación del Consejo para el acceso mejorado y uso más efectivo de la
información del sector público [C(2007)68]; la Recomendación del Consejo sobre
la mejora de la integridad en la contratación pública [C(2008)105]; la
Recomendación del Consejo sobre la protección de infraestructuras críticas de
información [C(2008)35]; la Recomendación del Consejo sobre la protección de
los niños en línea [C(2011)155]; la Recomendación del Consejo sobre Principios
para la formulación de políticas de Internet [C(2011)154]; la Recomendación del
Consejo sobre los Principios para la Gobernanza Pública de las Asociaciones
Público-Privadas [C(2012)86]; la Recomendación del Consejo sobre servicios de
itinerancia móvil internacional [C(2012)7]; la Recomendación del Consejo sobre
Política y Gobernanza Regulatoria [C(2012)37]; la Recomendación del Consejo
sobre inversiones públicas efectivas en todos los niveles de gobierno
[C(2014)32]; la Recomendación del Consejo sobre la Gobernanza de los Riesgos
Críticos [C/MIN(2014)8/FINAL];
VISTA la
Agenda sobre “Confianza en el gobierno: evidencia, políticas y toma de
decisiones” acogida por la Reunión del Consejo Ministerial de 2013
[C/MIN(2013)4/FINAL, Anexo III];
RECONOCIENDO
que las inversiones públicas en gobierno digital se producen en todos los
niveles de gobierno, creando así un contexto de responsabilidad compartida
entre los niveles de gobierno;
RECONOCIENDO
una nueva etapa de madurez en el uso de las tecnologías digitales por parte de
los gobiernos y un cambio del gobierno electrónico al gobierno digital con
miras a abrir, innovar y modernizar los sectores públicos;
RECONOCIENDO
que, tanto en tiempos de presión fiscal como de expansión fiscal, los gobiernos
requieren una mayor eficiencia y eficacia del gasto público, incluso para las
tecnologías digitales;
RECONOCIENDO
la necesidad de una visión común para garantizar la coherencia en el uso de las
tecnologías digitales en todas las áreas de política y niveles de gobierno;
RECONOCIENDO
que el gobierno digital puede hacer una contribución crucial al desarrollo
sostenible y el crecimiento a nivel nacional y subnacional, así como anticipar
los pasos actuales y futuros necesarios para aumentar la confianza y el
bienestar de los ciudadanos;
OBSERVANDO
que la OCDE desempeña un papel de liderazgo en el apoyo al uso de la tecnología
para promover el buen gobierno a nivel nacional y subnacional;
CONSIDERANDO
el documento de antecedentes sobre los principios consagrados en la presente
Recomendación señalada por la Red sobre el Gobierno Electrónico del Comité de
Gobernanza Pública [GOV / PGC / EGOV (2013) 1];
A propuesta
del Comité de Gobernanza Pública:
I. ACUERDA que, a los efectos de la presente Recomendación, se utilicen las
siguientes definiciones:
· Gobierno
Electrónico se refiere al uso de las
tecnologías de información y comunicación (TIC), y particularmente la internet,
como una herramienta para lograr un mejor gobierno.
· Gobierno
Digital se refiere al uso de las
tecnologías digitales, como parte integrante de las estrategias de
modernización de los gobiernos, para crear valor público. Se apoya en un
ecosistema de gobierno digital compuesto por actores de gobierno,
organizaciones no-gubernamentales, empresas, asociaciones de ciudadanos y
personas que apoyan la producción y el acceso a datos, servicios y contenido
mediante interacciones con el gobierno.
· Tecnologías
Digitales se refiere a las TIC, incluyendo
la internet, tecnologías y dispositivos móviles, así como análisis de datos
usados para mejorar la generación, recojo, intercambio, agregación,
combinación, análisis, acceso, búsqueda y presentación de contenido digital,
incluyendo el desarrollo de servicios y apps.
· Valor público se refiere a diferentes beneficios para la sociedad que pueden
variar dependiendo de la perspectiva o los actores, incluidos los siguientes:
1.
Bienes y servicios que satisfacen
los deseos de ciudadanos y clientes;
2.
Opciones de producción que cumplan
con las expectativas de justicia, equidad, eficiencia y eficacia de los
ciudadanos;
3.
instituciones públicas debidamente
ordenadas y productivas que reflejen los deseos y preferencias de los
ciudadanos;
4.
equidad y eficiencia de
distribución;
5.
uso legítimo de los recursos para
lograr propósitos públicos; y
6.
innovación y adaptabilidad a las
preferencias y demandas cambiantes.
II.
RECOMIENDA que los
gobiernos desarrollen e implementen estrategias de gobierno digital que:
1. Incluyan una mayor transparencia, apertura e inclusión de los
procesos y operaciones gubernamentales mediante:
i) la adopción de procesos abiertos e inclusivos, accesibilidad,
transparencia y rendición de cuentas entre los principales objetivos de las
estrategias nacionales de gobierno digital;
ii) la actualización de la normativa sobre rendición de cuentas y
transparencia que reconocen los diferentes contextos y expectativas generados
por las tecnologías digitales y los enfoques impulsados por la tecnología;
iii) tomar medidas para abordar las "brechas digitales"
existentes (es decir, el hecho de que las sociedades se pueden dividir en
personas que sí tienen y personas que no tienen acceso a la tecnología digital
y la capacidad de usar las tecnologías digitales) y evitar la aparición de
nuevas formas de “exclusión digital” (es decir, no poder aprovechar los
servicios y oportunidades digitales).
2. Impulsen el compromiso y la participación de colaboradores
públicos, privados y el conjunto de la sociedad civil en el desarrollo de
políticas y en el diseño y provisión de servicios públicos, mediante:
i) el abordaje de temas relacionados con los derechos de los
ciudadanos, organización y asignación de recursos, adopción de nuevas normas y
estándares, uso de herramientas de comunicación y desarrollo de capacidades
institucionales para ayudar a facilitar la participación de todos los grupos
etarios y segmentos de población, en particular mediante la definición de
responsabilidades y procedimientos (por ejemplo, adopción de directrices que
definen los roles y procedimientos para establecer y administrar cuentas
oficiales del gobierno en las redes sociales, normas de intercambio de datos);
ii) identificación e involucramiento de organizaciones no
gubernamentales, empresas o ciudadanos para formar un ecosistema de gobierno
digital para la provisión y el uso de servicios digitales. Esto incluye el uso
de modelos de negocios para motivar la participación de los actores relevantes
para ajustar la oferta y la demanda; y el establecimiento de un marco de
colaboración, tanto dentro del sector público como con actores externos.
3. Arraiguen en el sector público una cultura basada en los datos,
mediante:
i) el desarrollo de marcos para permitir, guiar y fomentar el acceso,
uso y reutilización de la creciente cantidad de evidencia, estadísticas y datos
relativos a operaciones, procesos y resultados para (a) aumentar la apertura y
transparencia, y (b) incentivar la participación pública en la formulación de
políticas, creación de valor público, diseño y prestación de servicios;
ii)
el equilibrio de la necesidad de
proveer datos oficiales oportunos con la necesidad de proveer datos confiables,
gestionar los riesgos de uso indebido de datos relacionados con la mayor
disponibilidad de datos en formatos abiertos (es decir, permitir el uso y la
reutilización, y la posibilidad de que actores no gubernamentales reutilicen y
provean datos con el fin de maximizar el valor público económico y social).
4. Establezcan un marco de gestión de riesgos para garantizar la
seguridad digital y la preservación de la privacidad, así como adoptar medidas
de seguridad efectivas y apropiadas, a fin de aumentar la confianza en los
servicios gubernamentales.
III. RECOMIENDA que, al desarrollar sus estrategias de gobierno digital, los
gobiernos deberían:
5. Asegurar el liderazgo y el compromiso político con las estrategias,
a través de una combinación de esfuerzos dirigidos a promover la coordinación y
colaboración interministerial, establecer prioridades y facilitar el compromiso
y la coordinación de las agencias pertinentes en todos los niveles de gobierno
en procura de la agenda digital de gobierno.
6. Asegurar el uso coherente de tecnologías digitales en áreas
políticas y en los diferentes niveles de gobierno, para lo cual deben:
i)
comprometer a los stakeholders
relevantes y otros niveles de gobierno en proveer insumos para el desarrollo de
la estrategia del gobierno digital;
ii)
integrar la estrategia de gobierno
digital en las reformas generales de la administración pública;
iii) identificar la complementariedad, el alineamiento y refuerzo mutuo
entre la estrategia de gobierno digital y otras estrategias sectoriales
relevantes;
iv)
proporcionar, a la institución
formalmente responsable de la coordinación de gobierno digital, los mecanismos
para alinear las opciones estratégicas generales sobre inversiones en
tecnologías digitales con el despliegue tecnológico en diversas áreas de
política.
7. Establecer marcos efectivos de organización y gobernanza para
coordinar la implementación de las estrategias digitales en los distintos
niveles de gobierno, a través de:
i)
identificar responsabilidades claras
para asegurar la coordinación general de la implementación de la estrategia de
gobierno digital;
ii)
establecer un sistema de
"pesos y contrapesos " de las decisiones de gobierno sobre gastos en
tecnología con el fin de aumentar el nivel de rendición de cuentas y la
confianza pública, y para mejorar la toma de decisiones y la gestión y así
minimizar los riesgos de errores y retrasos en los proyectos.
8. Fortalecer la cooperación internacional con otros gobiernos para
servir mejor a ciudadanos y empresas a través de las fronteras y maximizar los
beneficios que pueden surgir del intercambio temprano de conocimientos y la
coordinación de estrategias digitales a nivel internacional.
IV. RECOMIENDA que, al implementar las estrategias de gobierno digital, los
gobiernos deberían:
9. Disponer de modelos de negocio claros que garanticen la
sostenibilidad de las inversiones en la implementación de las estrategias
digitales, mediante:
i)
la articulación de la propuesta de
valor para todos los proyectos por encima de un determinado umbral presupuestal
para identificar los beneficios económicos, sociales y políticos esperados a
fin de justificar las inversiones públicas y mejorar la gestión del proyecto;
ii)
el involucramiento de stakeholders
clave en la definición de los casos de negocio (incluyendo propietarios y
usuarios de servicios finales, diferentes niveles de gobiernos involucrados o
afectados por el proyecto, y proveedores de servicios del sector privado o sin
fines de lucro) para garantizar la aceptación y distribución de beneficios
realizados.
10. Reforzar las capacidades institucionales para gestión y
seguimiento de implementación de proyectos, mediante:
i)
adoptar enfoques estructurados
sistemáticamente, también para la gestión de riesgos, que incluyen un aumento
en la cantidad de evidencia y datos recolectados en el curso de la
implementación del proyecto y la provisión de incentivos para aumentar el uso
de datos en el monitoreo de desempeño de los proyectos;
ii)
garantizar la disponibilidad, en
cualquier momento, de una imagen completa de las iniciativas digitales en curso
para evitar la duplicación de sistemas y conjuntos de datos;
iii) establecer marcos de evaluación y medición de desempeño de
proyectos en todos los niveles de gobierno, y adoptar y aplicar de manera
uniforme estándares, guías, normativas para adquisiciones y cumplimiento de
marcos de interoperabilidad, para rendición de informes y liberación
condicionada de fondos;
iv)
reforzar las habilidades digitales
y de gestión de proyectos del sector público, movilizando colaboraciones y/o
asociaciones con actores del sector privado y no gubernamental, según sea
necesario;
v)
realizar de manera temprana el
compartir, probar y evaluar prototipos con la participación de los usuarios
finales esperados para permitir los ajustes y el despliegue exitoso de los
proyectos.
11.
Adquirir tecnologías digitales
basadas en la evaluación de activos existentes, incluyendo habilidades
digitales, perfiles de puesto, tecnologías, contratos, acuerdos
interinstitucionales para incrementar la eficiencia, dar soporte a la
innovación y sostener de mejor manera los objetivos establecidos en la agenda
general de modernización del sector público. Las reglas de adquisición y
contratación deben actualizarse, según corresponda, para que sean compatibles
con los métodos modernos de desarrollo y despliegue de tecnología digital.
12.
Garantizar que los marcos de
regulación, tanto los aplicables a políticas sectoriales como los
transversales, tengan en cuenta las
nuevas oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales, mediante:
i)
revisiones según corresponda;
ii)
inclusión de evaluaciones de
implicaciones de las nuevas leyes sobre las necesidades digitales de los
gobiernos como parte del proceso de evaluación de impacto regulatorio.
V. INVITA al Secretario General a difundir la Recomendación.
VI. INVITA a los Miembros a difundir esta Recomendación en todos los niveles
de gobierno.
VII.
INVITA a los no miembros a tener en
cuenta y adherirse a esta Recomendación.
VIII.
ENCARGA al Comité de Gobernanza Pública a
que supervise la aplicación de esta Recomendación e informe al respecto al
Consejo a más tardar tres años después de su adopción y posteriormente de forma
periódica, en particular en consulta con la Comisión de Política de Economía
Digital.
